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Reclamos por agua y el DR-Cafta

La Prensa
Ricardo Guerrero.

Las organizaciones que integran la Coalición por el Derecho al Agua de los Nicaragüenses exigieron a los diputados la no privatización de este recurso natural y la aprobación de la Ley General de Aguas con la incorporación de las sugerencias de las organizaciones de la sociedad civil.

Norwin Solano, en representación del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo que una de las preocupaciones de ellos es que con la entrada en vigencia del acuerdo de libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta en inglés), este recurso podría ser explotado por empresas extranjeras.

“Este recurso, de vital importancia para la vida, debe estar puesto en la agenda nacional, ya que no es posible que este gobierno esté abriendo las puertas para que empresas extranjeras se lleven ese recurso”, manifestó Solano en conferencia de prensa.

Clemente Martínez, del Centro Humboldt, manifestó que el actual proyecto de Ley General de Aguas, específicamente en su artículo número cuatro, legaliza la privatización del agua ya que habla de una prohibición del servicio, pero no del recurso como tal.

Sin embargo, Jaime Morales Carazo, presidente de la Comisión del Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, al referirse al famoso artículo cuatro dijo que es lógico que el Estado dé en concesión la explotación del recurso.

“Aquí están confundiendo eso con el aspecto de una supuesta privatización de la distribución del agua potable”, afirmó el diputado.

La diputada sandinista Alba Palacios dijo que muy pronto estarán aprobando la Ley de Aguas en lo particular.

Sin embargo, los miembros de la Coalición por el Derecho al Agua de los Nicaragüenses dijeron que de ser aprobado el actual anteproyecto tal y como está, se estaría avalando de manera legal la explotación de este recurso natural, lo cual implicaría mayor encarecimiento de la vida del nicaragüense, se estaría privatizando la vida, lo cual para ellos es inaceptable.

Ante este temor, en días pasados presentaron ante la Comisión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, unas propuestas que hacen explícito el cierre al paso de la privatización, con el fin de que se integre al actual proyecto de ley.

Ana Quiroz, en representación de la Sociedad Civil, dijo que a ellos les preocupa que exista una visión cortoplacista de parte de los diputados y el Gobierno mismo, ya que a su juicio, están dejando abierta la llave para una privatización del agua a corto plazo.

LO QUE DICE EL TRATADO COMERCIAL

Los servicios de agua potable, alcantarillados sanitarios, recolección de aguas servidas y disposición de las mismas no se verán afectadas por la aprobación del DR-Cafta.

En el texto final del tratado comercial, el artículo 11.4 establece que la única entidad que podrá explotar los recursos hidrícos será la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Enacal).

“El establecimiento, construcción y explotación de obras públicas destinadas al abastecimiento y distribución de agua potable, solamente puede realizarla Enacal”, señala el texto.

Esta empresa (Enacal) podrá captar, tratar, conducir, almacenar, distribuir y comercializar agua potable y recolectar y disponer finalmente de los residuos líquidos.

Además que tiene la función de comprar agua cruda, comprar y vender agua potable, así como comercializar los servicios de recolección.

Enacal tiene la tarea de elaborar un plan de expansión de la misma empresa a mediano, corto y largo plazo.

También tiene la tarea de investigar, explorar, desarrollar y explotar los recursos hídricos y cualquier otra actividad necesaria para su desarrollo. .

 
   

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